La Imparcialidad En La Función Pública

Funcionarios imparciales: Que los legisladores que coexisten en nuestro actual Estado compuesto están obligados a garantizar jurídicamente la imparcialidad de los funcionarios es algo que se desprende con naturalidad de la lectura conjunta de varios artículos de la Constitución de 1978. Medir el grado de cumplimiento de esta obligación constitucional es lo que el autor de La imparcialidad en la función pública pretende, a través de una encuesta que no se queda, como es habitual, en los funcionarios de régimen común, sino que se extiende al resto de los funcionarios: los fiscales, los jueces, los militares, los guardias civiles y los policías. Una encuesta centrada en las normas legales relativas al régimen de incompatibilidades y prohibiciones, la neutralidad política, la carrera profesional, la provisión de puestos o destinos, la obediencia, la abstención, la inamovilidad, la carrera política y el régimen disciplinario, de las que, como mínimo, depende, según es opinión común de los juristas, la existencia de una independencia funcional en el ejercicio de las potestades administrativas, y que se analizan aquí en la medida en que pueden ser un medio para el aseguramiento jurídico de una conducta de los funcionarios distanciada, leal al Derecho, imparcial, profesional y al servicio del bien común. La investigación se cierra con un balance en el que predomina lo negativo sobre lo positivo -faltan garantías jurídicas de importancia, sobran funcionarios políticos, el valor constitucional de la imparcialidad aparece derrotado- y con una invitación a redescubrir las ventajas que, como Douglass C. North y otros neoinstitucionalistas han demostrado, presenta la burocracia para el buen funcionamiento de la economía. En estos tiempos, en los que, por ejemplo, no faltan anacrónicos discursos militaristas o manipulaciones descaradas, por intereses de partido, del trabajo profesional e independiente que realizan policías, fiscales y jueces, y en…